Gobernadora radica proyecto de ley para reformular completamente el sistema de permisos de Puerto Rico

La gobernadora Jenniffer González Colón presentó un proyecto de ley para crear un Código de Planificación y Permisos de Puerto Rico, una reforma histórica que busca desmantelar la burocracia que por años ha frenado el desarrollo económico en la isla. El proyecto surge del Informe Final del Task Force de Permisos (publicado el 10 de diciembre de 2025), que diagnosticó un sistema paralizado por casi 100 instrumentos legales fragmentados, incluyendo 45 leyes diferentes. La medida consolidará todos esos marcos en un solo cuerpo normativo con reglas uniformes y criterios objetivos.

Entre los cambios estructurales más significativos, la actual Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) se transformará en la Oficina Central de Permisos (OCP), convirtiéndose en la única entidad autorizada para emitir permisos y licencias en el gobierno. La Junta de Planificación se reconvertirá en la Junta de Planificación y Urbanismo, enfocada exclusivamente en política de uso de suelo, mientras que agencias como el DRNA y el Departamento de Agricultura concentrarán sus funciones en fiscalización y cumplimiento.

El nuevo modelo proyecta reducir el tiempo promedio de otorgación de permisos en hasta un 80%, apoyándose en sistemas de información geográfica (SIG) y criterios estandarizados. Se crearán categorías especiales como el Permiso Único Automático para pequeñas y medianas empresas de bajo riesgo, el Proyecto de Alto Impacto Socioeconómico Prioritario para infraestructura crítica, energía, vivienda y turismo, y se ampliarán las exenciones para obras de bajo riesgo.

El impacto económico esperado es considerable: según estudios citados, los permisos representan entre el 10% y el 30% del costo de desarrollo de un proyecto. Puerto Rico ocupa actualmente el último lugar en libertad económica entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos según el índice Fraser, y San Juan fue clasificado último de 83 jurisdicciones en el informe Doing Business North America, precisamente por sus procesos de permisos de construcción. La reforma también mantiene estándares ambientales rigurosos con términos máximos de 180 días y prohibición de modificar hábitats críticos.