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La gobernadora Jenniffer González Colón firmó dos leyes de su autoría orientadas a fortalecer la transparencia gubernamental y proteger el proceso electoral de Puerto Rico. La Ley 52-2026 crea la 'Ley de Notificaciones de Pérdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos y Propiedad Pública', que establece un marco regulatorio digitalizado y con consecuencias concretas para notificar a la Oficina del Contralor toda pérdida o irregularidad en el manejo de fondos o bienes públicos. Esta reforma responde a que en los últimos diez años el Gobierno de Puerto Rico perdió más de $4.2 millones en fondos públicos debido a que 81 entidades gubernamentales no cumplieron con el requisito de notificación vigente. La nueva ley sustituye un modelo declarativo débil por uno procedimental y digitalizado, orientado a fortalecer la rendición de cuentas. Por su parte, la Ley 53-2026 enmienda la Ley 222-2011 de Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas para prohibir expresamente que personas jurídicas extranjeras —organizadas, incorporadas o registradas fuera de Puerto Rico o Estados Unidos— realicen donativos, formen comités de acción política o efectúen gastos independientes con fines de influir en campañas políticas locales. La medida atiende el vacío jurídico generado por el caso Citizens United v. Federal Election Commission y equipara el estado de derecho local al de otras jurisdicciones. Ambas leyes refuerzan los pilares de transparencia fiscal y soberanía electoral del gobierno de Puerto Rico.